Una ley para reforzar el control de precios que entrará en vigor a
fines de mes en Venezuela golpeará de nuevo a la inversión y la
productividad, advierten empresarios, aunque para el presidente Hugo
Chávez la norma es "vital" para atacar la inflación, la más alta de la
región.
"Esta ley es mucho más que un golpe, faltan escasos 15 días para que
entre en vigencia y todavía no se conoce el reglamento ni la plataforma
tecnológica que usarán para aplicarla", dijo a la AFP Jorge Roig,
vicepresidente de la patronal Fedecámaras, que reúne a 250 gremios
empresariales.
La norma, que entrará en vigencia el 22 de noviembre, prevé que una
recién creada superintendencia revise los costos y ganancias de las
empresas y obligue a rebajar los precios de cualquier producto o
servicio que considere que se vende a un monto "excesivo".
El organismo podrá imponer multas, suspender temporalmente a una
empresa, disponer su intervención o hasta su cierre por un periodo de
diez años.
Por su parte, el empresariado denuncia una falta de información sobre
cómo debe prepararse y teme consecuencias contraproducentes en un país
que sufre la mayor tasa de inflación de América Latina y una escasez
cíclica de productos básicos.
Para la firma Ecoanalítica, la ley "no implica, a priori, que todos
los precios de la economía estén regulados" a partir de su entrada en
vigor.
Pero la normativa "genera gran incertidumbre y una paralización
importante de las decisiones de inversión porque no existe ninguna
certeza" sobre los beneficios con que una empresa podrá contar a partir
del día 22, observó el titular del gremio de industriales Conindustria,
Carlos Larrazabal.
"En el sector manufacturero existe un alto nivel de preocupación. Es
difícil comprender cómo un Estado aspira a controlar las estructuras de
costos de toda actividad productiva que se realice", añadió.
La ley fue aprobada en julio por Chávez, en el marco de los poderes
legislativos excepcionales de que dispone desde finales de 2010.
El mandatario, que busca ser reelegido en las presidenciales de
octubre de 2012, aseguró que la ley es "vital" para "evitar la
especulación", "darle a los productos el precio justo" y combatir la
inflación.
Entre enero y octubre de este año, los precios acumularon en
Venezuela un alza de 22,7% y en 2010 el aumento había sido de 27,2%.
El diputado oficialista Ricardo Sanguino, presidente de la comisión
de Finanzas del Congreso, explicó a la AFP que la norma "busca lograr
que los precios y costos de las empresas estén acorde a la estructura
económica y niveles de ingresos del país".
"Si una empresa es la única proveedora de un producto, puede fijar el
precio de manera especulativa", apuntó Sanguino, que negó que la ley
vaya a mermar la producción y la inversión y a provocar "más
desabastecimiento".
Actualmente, Venezuela importa la mayoría de los bienes que consume,
especialmente alimentos, y desde 2003 rige un control de precios para
productos básicos. El gobierno ha recurrido a numerosas estatizaciones
de tierras y empresas para incentivar la producción nacional.
Además existe un control de cambio que fija el valor de la moneda
nacional, el bolívar, con respecto al dólar y limita la concesión de
divisas por parte del Estado, lo que estimula el crecimiento de un
mercado cambiario ilegal que hace subir los precios.
"Adicionalmente a todas las limitaciones que existen en la economía,
si se aplica en extremo la ley de costos, va a crear un conjunto de
serios problemas y podría inclusive paralizar la economía", advirtió el
economista José Guerra, ex directivo del Banco Central de Venezuela.
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