viernes, 28 de octubre de 2011

Los primeros 100 dias de Humala

Con la economía mundial en la encrucijada, presidente Ollanta Humala prepara anuncios que aterrizan sus promesas electorales. Lote 88 de Camisea y el fortalecimiento de los programas sociales en la lista.

92 días en Palacio. 33 tuits. 11 decretos de urgencia y 13 supremos. 47 proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo. 62% de popularidad según las encuestas.
El estilo impuesto por Ollanta Humala al aproximarse sus primeros 100 días de gobierno es tan telegráfico como el párrafo precedente. Con intervenciones públicas muy dosificadas y pocas metidas de pata sin el guión a la mano, Humala y un entorno donde destaca nítidamente la primera dama se vienen esforzando por impulsar una presidencia donde las palabras son administradas como escaso combustible.

Pero la discreción retórica no implica inercia política.

ECONOMÍA EN ORDEN

Las primeras acciones de Ollanta Humala como Presidente de la República trastocaron las expectativas creadas a partir de su trayectoria antisistema. El viraje ya se advertía a inicios de año y se pronunció con la publicación de la llamada Hoja de Ruta después de la primera vuelta.
Es probable que el mayor cambio del gobierno actual resida en no cambiar la economía. Solo entre el lunes y miércoles últimos, Humala tuvo encuentros con una delegación de empresarios chilenos, la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, y el gurú de la competitividad, Michael Porter. El Presidente ha invertido sus esfuerzos en ganarse la confianza de los mercados y pocos momentos más significativos al respecto que su conferencia en el Peruvian Business Council en Nueva York, el pasado setiembre.
Allí, ante una audiencia de más de 200 pesos pesados, Humala trajo un mensaje conciliador de un poco más de cuarto de hora, durante el que se esforzó en presentar a su gobierno “como un amigo”. Las líneas matrices y la solidez de los fundamentos se los dejó al ministro Luis Miguel Castilla, que se despachó en inglés durante los siguientes 60 minutos. El Presidente deja hacer en la cancha de la Economía.
Y no hay tiempo que perder. Ello se expresa con toda claridad en los dos paquetes de medidas de estímulo implementadas desde el MEF en previsión de un posible agravamiento de la Economía global, que comprometen el 1.5% del PBI en líneas de crédito, bonos de estímulo y obra pública (ver más).

ALA IZQUIERDA

A pesar de que lleva a varios zurdos a bordo, Humala parece empeñado en diferenciar la identidad nacionalista de su gobierno. Para ser justos, desde el año 2006 el actual Presidente declaró en varias oportunidades que no se consideraba de izquierda.
De consejeros palaciegos en materia económica quedaron Félix Jiménez, jefe del controvertido primer plan de gobierno de Gana Perú, y Óscar Dancourt. Pero no fueron, como se esperaba, designados directores del Banco Central de Reserva. Allí queda al frente Julio Velarde, lo que proyecta un claro mensaje de continuidad que se completa con Castilla en el MEF, donde antes fuera viceministro.
Cada vez que ha podido, Humala ha mostrado independencia de criterio frente al ala izquierda de su gobierno. El riesgo que enfrenta, de otro lado, es el de la derechización.
Personajes como el propio Diez Canseco y el sindicalista Mario Huamán parecen contar con un limitado campo de acción en la esfera del Ejecutivo. Kurt Burneo, quien a su vez estuviera al frente del programa de Perú Posible y es considerado como un economista con énfasis social, pasó de ser MEF casi seguro a la cartera de Producción. Según lo que Humala prometió, iba a ser el llamado a inaugurar la cartera de Inclusión y Desarrollo Social.
A pesar de que el proyecto de ley del nuevo ministerio se cocinó en el despacho de Burneo, la cartera acaba de recaer en la economista Carolina Trivelli, quien forjó su perfil técnico en el Instituto de Estudios Peruanos y se especializa en microcréditos y pobreza rural. Burneo, por su parte, se queda al frente de un ministerio que tradicionalmente ha tenido bajo perfil pero que hoy, con la oferta electoral del nuevo gobierno, confronta importantes desafíos.
El de los programas sociales fue un acento exitosamente impulsado por Humala durante la campaña. Fue allí donde se concentró sobre todo el concepto de inclusión social hoy tan repetido. Las expectativas son altas pero los nuevos programas que ofreció funcionarán, en buena medida, sobre plataformas de otros ya existentes. En sus primeras intervenciones, Trivelli se ha encargado de aterrizar, y por lo tanto relativizar, el verdadero alcance del nuevo ministerio. Todavía está por verse el efecto en una canasta donde el gobierno puso demasiados huevos.

ACENTO NACIONALISTA

Otra promesa electoral que Humala identificó con su vertiente de nacionalismo fue la del mayor activismo estatal, y fiscal, sobre los recursos naturales.
La del impuesto a las sobreganancias mineras fue la primera gran negociación y pudo ser cerrada para servirse de plato fuerte en la presentación del gabinete encabezado por Salomón Lerner ante el Congreso el pasado 25 de agosto, quien pronunció un discurso ordenado y ambicioso. La anunciada cifra inicial de S/.3 mil millones adicionales de recaudación minera depende del incierto escenario internacional y la volatilidad del precio de los metales. El monto real, gravado sobre las utilidades operativas y no sobre las ventas, como se hacía antes, se conocería recién el próximo año.

Otra promesa que no se ha quedado en el tintero electoral es destinar lo más pronto posible el gas del Lote 88 para el consumo interno y, más específicamente, para el gasoducto del sur. El pasado 21 de octubre Lerner reiteró la intención presidencial y hasta el presidente de Repsol, Antonio Brufau, estimó que las negociaciones llegarán a buen puerto (ver más). Las negociaciones en curso con el Consorcio Camisea son intensas y los actores guardan hermético silencio.
El gobierno tiene en la mira otros gestos destinados a marcar respetuosas distancias con el gran capital, aunque sin llegar a colisionar con el modelo. Lerner adelantó que se están culminando los informes de valorización y evaluación de los 19 años de concesión otorgada a Telefónica y que espera iniciar negociaciones con la empresa en los próximos 15 días.
El ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, prometió también que la ley general del sector, debatida durante ocho años en el Congreso, será promulgada en el presente período.
En cambio, con la reducción del peso político de personajes como Jiménez, también desaparecieron del glosario oficialista conceptos sugerentes que Humala se esforzó en subrayar durante la campaña. Uno de los más discutidos y prometedores era el de “Economía Nacional de Mercado”. Como ocurrió con la reforma constitucional, Humala prefiere no insistir en crear olas que proyecten mensajes de inestabilidad en un mar mundial que puede picarse mucho más.

ESPEJISMO DE ENCUESTAS

El balance parece rendir frutos. Las encuestas le dan a Humala una aceptación por encima del 60%, lo que supera incluso su votación electoral (ver cuadro).
Tal resultado no debería, sin embargo, hacer que el gobierno descanse en sus laureles. Alan García no tenía números muy distintos a estas alturas de su segunda administración y luego se estabilizó en una popularidad que, si bien no llegó a las peligrosas profundidades de Alejandro Toledo, superó rara vez el 40%. Humala, por cierto, no ha dicho nada parecido a lo que el chakano declaró a los pocos días de asumir el mando (“pensé que ser presidente era más difícil”).
En el vecindario vale la pena echarle un vistazo al caso del chileno Sebastián Piñera. A los 100 días de asumir al poder, lo que le tocó en marzo del 2010 apenas producido un destructivo terremoto, contaba con un 54% de imagen positiva. Hace un año, luego del exitoso rescate de los mineros, voló hasta el pico casi perfecto del 90%. Hoy, golpeado por las protestas estudiantiles y una situación social deteriorada, cae a un 22% de pocos precedentes en el país del sur.
El presidente peruano también enfrenta obstáculos que le pueden pasar factura en los sondeos.

BUMERÁN ANTICORRUPCIÓN

El lema electoral de Humala fue “honestidad para hacer la diferencia”. La corrupción es un mal endémico, pero ubicarla al centro de la agenda política suele significar una apuesta muy arriesgada, políticamente costosa más temprano que tarde. En la plancha presidencial, el ex procurador Omar Chehade encarnaba la voluntad de lucha anticorrupción. Y ese papel se reforzó cuando Humala tuvo al fujimorismo de oponente en la segunda vuelta.
No son pocas las voces que reclaman la renuncia de Chehade a la vicepresidencia, luego de que el general PNP (r) Guillermo Arteta revelara un supuesto interés del también congresista por precipitar el desalojo de la azucarera Andahuasi, tomada por sus trabajadores enfrentados a la familia Wong, que tiene la mayoría de las acciones (ver nota aparte).
A la tercera parece ir la vencida. Luego de blindar al atribulado Ricardo Soberón, ex asesor de cocaleros puesto al frente de Devida, y a la ministra Aída García Naranjo, enredada en un episodio de intoxicación que les costó la vida a tres niños en Cajamarca, Humala ha debido tomar distancia de su vicepresidente, ahora investigado en doble función por el Ministerio Público y el Parlamento.
La temprana debacle de Chehade también significa problemas para la comisión parlamentaria que investigará al gobierno de Alan García. Ir con todo detrás de la administración precedente es un viejo deporte de la política peruana. Chehade era bolo fijo en la comisión por parte del oficialismo y su participación ha quedado en suspenso. Al mismo tiempo, la muy probable asignación de la presidencia del grupo a Javier Diez Canseco, cuya muy negativa opinión sobre García es bastante conocida, podría restarle objetividad a un grupo de trabajo incapaz todavía de arrancar motores.
Los temores de una parálisis parlamentaria por la fragmentación de las bancadas parecen, de momento, superados (ver recuadro). Pero el escenario de la avenida Abancay y la situación de Chehade remiten a otro gran problema en ciernes para el gobierno. En medio de tanto discurso anticorrupción, la bancada oficialista ya es la más incómoda. Les pasó siendo oposición y les vuelve a pasar ahora. La debilidad de los filtros para seleccionar a sus candidatos y la falta de transparencia en sus cuentas de campaña pasan ahora la factura.

CONFLICTOS REVERDECIDOS

Otra impronta problemática que ya se percibe en algunos niveles del gobierno es la militarista. La reciente purga de generales en la Policía tuvo al coronel EP (r) Adrián Villafuerte como uno de sus silenciosos protagonistas tras bastidores. Según se desprendió de la exposición del ministro del Interior Óscar Valdés la semana pasada ante el Congreso, el Ejecutivo se vio obligado a morigerar el impulso y alcance iniciales del ajustón policial.
Y no es solo el recelo entre la Policía y los militares retirados que acompañan al Presidente. Los encontrones ya se dieron también entre las facciones castrenses. La más evidente fue la que enfrentó a Villafuerte con Óscar Gómez Rodríguez, coronel EP (r) perteneciente a la promoción de Humala y al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Se sabe que Gómez Rodríguez, que viene de trabajar en el sector minero, le ha puesto especial atención al ámbito de los conflictos sociales.
Detrás de los titulares de periódicos y el traqueteo político, allí se esconde uno de los más grandes retos para el gobierno. Hasta ahora no hay razón para pensar que el discurso de inclusión social, o señales alentadoras como la aprobación de la ley de consulta previa, vayan a ser suficientes para frenar una dinámica de protesta social disparada durante los dos últimos lustros.
El último reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta de que el mes pasado surgieron 12 nuevos conflictos sociales y se produjeron 67 acciones de protesta, la cifra más alta en lo que va del año. Hay 148 conflictos activos y 67 latentes. Más de la mitad del total son socioambientales y, al revisar el detalle, se encuentra que ello equivale a la resistencia de las comunidades a proyectos mineros que, consideran, pueden terminar por contaminar el valioso recurso hídrico. En el uso del agua está el campo de batalla. Quellaveco en Moquegua es un ejemplo reciente.
A ello se añade que la efervescencia corresponde a bastiones electorales humalistas: Puno a la cabeza con 20 conflictos y Cusco, Cajamarca y Ancash con 16 cada uno. Humala fue el político más beneficiado con el clima de protesta y ahora, montado en el caballo, descubre que el discurso que lo llevó al poder puede volverse contra él mismo. Aquellos inversionistas que lo escucharon en Nueva York todavía se preguntan si el gobierno tiene la voluntad real de impulsar las inversiones amenazadas por la protesta. En la muñeca para solucionar los conflictos se encontrará el truco del almendruco.
Y si la inclusión social es llevar a todos los beneficios del crecimiento económico, nada más frustrante que un Estado que arrastra los pies. Otras protestas recientes, como la que enfrenta la minera Yanacocha en Cajamarca, tienen relación con un canon millonario que no aterriza entre la ciudadanía. La inversión pública viene rezagada, encargada a gobiernos regionales y locales que se estrenaron este año, como lo advierte un decreto de urgencia publicado el miércoles 26 que introduce medidas para mantener el dinamismo de la Economía. Según el congresista Juan Carlos Eguren, a estas alturas del año pasado, se había ejecutado el 47% del presupuesto. Ahora vamos en 41%. Y Puno, el gran fortín humalista, se encuentra en el sótano de la tabla con apenas 13% de ejecución.

Fuente: Caretas

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